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Urbanismo y reforma constitucional en España

  • Por Ignacio Durbán Martín
  • 9 noviembre 2017

La idea de reformar la Constitución española de 1978 no suscita a estas alturas reacciones de extrañeza o desconcierto por parte de nadie. Antes bien, existe un gran consenso en torno a la idea de que, en vísperas de cumplir cuarenta años de vigencia, la Carta Magna presenta claros síntomas de desgaste y, lo que es peor, de haber sido desbordada en gran medida por muchos de los acontecimientos (jurídicos y políticos) que han jalonado las últimas décadas de nuestra historia. Son numerosas las voces que no esconden su preocupación al respecto y han instado, en repetidas ocasiones, a actuar para poner remedio a esta improrrogable situación. Desde la publicación, hace algo más de una década, del conocido informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional[1], el interés por la cuestión –sobre todo en el ámbito académico–[2] se ha incrementado considerablemente. Supone, asimismo, un hecho significativo que diversos partidos políticos hayan incluido en los últimos tiempos entre sus ejes programáticos la reforma de la Constitución[3]. Y también es, sin duda, relevante el inminente nombramiento en el Congreso de los Diputados de una comisión que estudiará, específicamente, la reforma del modelo territorial del Estado y que contará con un mandato de seis meses para hacer propuestas con el fin de abrir –posteriormente y ya en una subcomisión– la reforma de la Constitución de 1978 en este concreto aspecto (si bien es previsible que el debate trascienda de los aspectos meramente territoriales).

Pues bien, como puede imaginarse, en tales coordenadas, el urbanismo se presenta como una de tantas materias sobre las cuales existen pretensiones de redefinición constitucional. Y es que se trata de un sector del ordenamiento de naturaleza poliédrica que se ve directamente afectado por algunos de los principales debates suscitados en torno a la reforma constitucional. Me ceñiré aquí a mencionar dos de particular relevancia.

En primer lugar, no es novedosa la discusión sobre quién debe ser el titular de la competencia en materia de urbanismo. Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional, hace ahora veinte años, interpretó nuestro abstruso sistema de reparto competencial en la STC 61/1997 –con el precedente de la STC 118/1996– declarando que “la competencia en materia de urbanismo pertenece sustancialmente a las Comunidades Autónomas, sin que en este supuesto pueda el Estado invocar título competencial alguno”. A raíz de este pronunciamiento, muchos sectores han venido reclamando, con fundamento en un amplio elenco de razones, una redefinición del modelo a fin de reforzar las facultades estatales para la regulación del urbanismo. Una espinosa cuestión que necesariamente habrá de ser abordada y clarificada en el marco más amplio del examen y reformulación del sistema de distribución de competencias constitucionalmente delineado.

En segundo lugar, se plantea implementar un tratamiento constitucional del urbanismo desde una perspectiva más amplia que contemple su íntima conexión con otros aspectos tan esenciales como la ecología, la ordenación del territorio, el derecho a una vivienda digna y adecuada o la cohesión social. Y es que, como ha dicho el profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, el suelo, el medio ambiente y, al final, el territorio en el que se inscriben, deben ser funciones humanizadoras de la realidad que, operando conjuntamente, pueden contribuir a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas. Se trata, en última instancia, de la conocida tesis que aboga por la positivación de la interdependencia de determinados derechos, principios y valores constitucionales.

En suma, no cabe duda de que el urbanismo está involucrado, desde distintos puntos de vista, en el debate sobre la reforma de la Constitución de 1978. Un proceso jurídico-político que, según la opinión mayoritaria de los especialistas, sería conveniente iniciar –y culminar– a fin de que una materia de tanta trascendencia como ésta pueda contar con un encaje constitucional renovado y adecuado a la realidad de los tiempos.

 

Vídeo: Javier García Roca – “La necesidad de la reforma de la Constitución”

 

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[1]                      Véase El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos, edición a cargo de Francisco Rubio Llorente y José Álvarez Junco, Madrid, Consejo de Estado / CEPC, 2006.

[2]                      Son numerosos los autores que han publicado trabajos sobre la cuestión; entre ellos, puede destacarse a figuras tan destacadas como Javier García Roca, José Antonio Montilla Martos, Diego López Garrido, Joaquín Tornos Mas, Francisco Rubio Llorente, Teresa Freixes, Francesc de Carreras, Manuel Aragón Reyes, Alberto López Basaguren, Javier Pérez Royo, Eliseo Aja, Pedro Cruz Villalón, Marc Carrillo, Enoch Albertí, Luis Ortega Álvarez, Francisco Caamaño o José Tudela.

[3]                      PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida (estos dos últimos coaligados, junto a otras fuerzas políticas menores, en la candidatura conjunta Unidos Podemos) concurrieron a las pasadas elecciones generales con programas electorales que abogaban explícitamente por acometer cambios en el texto constitucional.


 

Ignacio Durbán Martín

Profesor del Grado en Derecho de la VIU