La capacidad integradora de un país está en línea con la talla del Estado Social y las garantías que éste proporciona, dotando de recursos públicos e interviniendo para garantizar la igualdad en la oportunidad de acceso a los servicios considerados de primera necesidad. La vivienda es un servicio de primera necesidad y un derecho amparado por la Constitución Española pero, sin embargo, no forma parte de los servicios que proporciona el Estado[1].

Además, la vivienda más allá de responder a unas necesidades de alojamiento, supone para las personas un espacio privado de protección individual y familiar que permite la convivencia y un lugar donde formar un hogar. Desde la perspectiva de la participación social, constituye una identidad y sentimiento de pertenencia y arraigo a la comunidad.

La crisis de la vivienda, promovida en España por la legislación urbanística y las políticas de vivienda que han tenido lugar durante los últimos años, junto con la burbuja inmobiliaria, el sobreendeudamiento de las personas y el desempleo, ha generado graves consecuencias como las situaciones de desalojo forzoso, o la imposibilidad de acceso a una vivienda para personas que, por los ingresos u otras circunstancias personales, no han podido acceder en las condiciones que el mercado de vivienda ha establecido (tanto en la compra como en el alquiler). Por lo que es un buen momento para reflexionar, desde una perspectiva de protección social, de la atención y el acompañamiento que han recibido las personas afectadas por parte de servicios sociales de base.

Así, el contexto socio-económico en el que ha prosperado incremento exponencial de número de desahucios ha estado precedido por una fuerte crisis económico-financiera, lo que ha dejado un importante panorama de desempleo de larga duración, generando así una sociedad más empobrecida y vulnerable hacia situaciones de exclusión social. El tratamiento de estas situaciones merece capacidad de ajuste por parte de los diferentes sistemas de protección y una inmediatez en la respuesta, lo que supone un reto para la red local de servicios sociales por considerarse el sistema de protección primaria hacia las personas y unidades de convivencia.

El modelo de actuación de Servicios Sociales locales se ha centrado en el acompañamiento transversal de las personas, ofreciendo recursos básicos de información, manutención, tramitación de recursos asistenciales de emergencia, Rentas Garantizadas de ciudadanía y solicitud de albergues sociales. Estas acciones han cumplido con un papel importantísimo, aunque en ocasiones limitado por los requisitos de cumplimiento que se exigen para poder solicitar los recursos que puede dejar fuera de protección, o en lista de espera, a muchas personas con necesidad.

Es evidente que no se puede abordar una problemática de gran calado social como es ésta, únicamente desde la red de servicios sociales puesto que la necesidad principal de una persona sobre- endeudada que pierde su vivienda por no tener ingresos con los que afrontar los gastos de hipoteca o alquiler, son la de conseguir un empleo (no precario) y tener la posibilidad de acceso a alternativas habitacionales con precios asequibles. Por lo que las principales políticas que se deben activar para esta problemática son las de vivienda y las de empleo, las primeras de competencia autonómica mientras que las segundas son de competencia estatal. De acuerdo con Barriga (2012) esta situación deberá ser objeto de nuevas políticas sociales, de empleo y de vivienda. Como también habrá que buscar otra solución con urgencia para el problema de los impagos en materia de alquileres (…) La inexistencia de respuestas ágiles por parte de Servicios Sociales y el poco desarrollo, coherencia y uniformidad de muchos de los servicios y prestaciones para situaciones así nos hacen inicialmente poco útiles, más allá de la mera orientación informativa y del apoyo en el desahogo, muchas veces vergonzante, de quienes se han visto obligados a acudir a los servicios sociales” (p.32).

En este sentido, mientras que se desarrollan unas políticas sociales que garanticen los derechos constitucionales y establezcan medidas coordinadas, en Servicios Sociales se debe seguir dando respuesta a las necesidades de las personas que en situación más precaria  y de riesgo se encuentren. Además, los trabajadores y las trabajadoras sociales de Servicios Sociales comunitarios deben actuar como agentes de cambio y de control ante las vulneraciones de los derechos de la ciudadanía. El lanzamiento forzoso de una vivienda sin una alternativa habitacional, es una aberración al derecho constitucional del derecho universal a una vivienda digna y adecuada[2].

https://youtu.be/6Lc700-YCFY

Ana Roig

Trabajadora Social y Profesora Colaboradora del Grado de Trabajo Social de VIU

 

BIBLIOGRAFÍA

ARREDONDO QUIJADA, R. y PALMA GARCÍA M.: “Aproximación a la realidad de los desahucios. Perfil y características de las familias en proceso de desahucios en la ciudad de Málaga“,  Alternativas, 20, julio de 2013, pp. 113-140 - ISSN 1133-0473 - DOI: 10.14198.

BARRIGA MARTIN, LUÍS A.: “La protección de las situaciones de quiebra económica de particulares. Un desafío para los servicios sociales de España”. En AZARBE, revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, Nº 1, 2012, pp.32 y ss.

BERMEJO LATRE, J.L.: “La evolución de las políticas de vivienda en España del siglo XX”, capítulo VI, en Construyendo el derecho a la vivienda, Ed. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2010, pp 165-196.

GALA, C. y ETXEZARRETA, A.: “La crisis de los desahucios en España: respuestas institucionales y ciudadanas”, Revista de Economía Crítica, nº17, primer semestre 2014, ISNN 2013-5254, marzo 2014.

GARRIDO, P.: “El derecho a una vivienda digna en España. Crisis residencial: origen, consecuencias y respuesta de los poderes públicos” Universidad País Vasco/ EHU, pp. 3 y ss.

REJA SÁNCHEZ, P.: “El Estado de derecho light y sus reflejos constitucionales sobre el derecho a la vivienda en España: sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, 2016, pp. 32 y ss.

[1] El Estado de derecho light y sus reflejos constitucionales sobre el derecho a la vivienda en España: sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (2016)

[2] Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de s voluntad.
Artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las decisiones de existencia. Los estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Artículo 47 Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.