El pasado 6 de abril de 2017 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea la versión provisional, no confidencial y a meros efectos informativos, de la decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016, por la que se sancionaba a determinadas empresas fabricantes de camiones por su participación en un cartel de fijación de precios, práctica anticompetitiva prohibida por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De acuerdo con dicha publicación, desde el 17 de enero de 1997 hasta 18 de enero de 2011, las principales marcas europeas de fabricantes de camiones - MAN, SCANIA, VOLVO, DAIMLER, FIAT CHRYSLER, PACCAR Y DAF –, tomaron parte en un acuerdo para la fijación de precios de venta al público de los camiones de 6 toneladas de peso o superior, tanto camiones rígidos como cabezas tractoras, afectando el 98 % del mercado comunitario.

El cartel fue descubierto gracias a que uno de sus partícipes, en este caso la empresa alemana MAN, se acogió al programa de clemencia de la UE en virtud del cual, el cartelista que primero en el tiempo comunica a las autoridades competentes la existencia de un cartel, aporta información relevante sobre sus partícipes y funcionamiento, así como colabora activamente con la Comisión Europea, resulta beneficiario de una exención del 100% de la multa a imponer. Posteriormente, otros partícipes en el cartel también se acogieron a este programa obteniendo exenciones de la multa del 40%, 30% y 10%.

Adicionalmente en el presente caso se da también la circunstancia que, el resto de partícipes del cartel, salvo SCANIA, tomaron parte voluntariamente en el régimen de transacción con la Comisión, esto es, reconocieron su participación en los hechos a cambio de una rebaja en la sanción impuesta, en este caso, de un 10%.

Paralelamente, el pasado 26 de mayo de 2017, se publicaba el Real Decreto Ley 9/2017, norma de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2017/104/UE relativa a las acciones por daños por infracciones de la competencia, mediante la cual se sentaban las bases jurídicas necesarias para otorgar auténtica eficacia al principio de plena compensación de las víctimas de los daños derivados de infracciones de la normativa de competencia, de conformidad con la temprana jurisprudencia del TJUE en los casos Courage y Manfredi en la materia.

Los anteriores antecedentes de hecho ponen de manifiesto como los operadores jurídicos en España y también en toda Europa, nos encontramos en la actualidad ante la primera experiencia efectiva en la reclamación por daños antitrust, la cual lejos de configurarse como una “experiencia piloto”, supone por el contrario enfrentarse a la reclamación de daños por el segundo mayor cartel sancionado por la UE.

En este sentido, el gran número de potenciales afectados obliga a los despachos de abogados demandantes a cohonestar la canalización competitiva de un gran número de demandas, con unos elevados costes fijos elevados derivados de la naturaleza internacional de las reclamaciones, mientras además, por otro lado, deben enfrentarse a los complejos problemas técnicos derivados de la reclamación.

A este respecto, el reto se centra en la superación tanto de los problemas jurídicos derivados de la imposibilidad de aplicación retroactiva de las medidas incorporadas en el  Real Decreto Ley 9/2017, como por otro lado y especialmente, conseguir acreditar el importe del sobreprecio soportado en cada caso por el cliente, auténtico objeto de la reclamación que se enfrenta, sin embargo, a una importante falta de datos económicos publicados sobre el mercado de referencia para su cuantificación.

https://youtu.be/uRRX3OIlOVU

Carlos Gómez Asensio

Profesor del Grado de Derecho de la VIU