Los datos más recientes disponibles, publicados por Naciones Unidas en 2011, y citado en United Nations Office on Drugs and Crime (2012, en adelante UNODC), se calcula que unos 230 millones de personas, en torno al 5% de la población adulta del mundo, consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Esto representa aproximadamente una de cada 20 personas entre las edades de 15 y 64 años. En ese mismo grupo de edad, aproximadamente una de cada 40 personas consume drogas con mayor regularidad; y menos de una de cada 160 es consumidora problemática de drogas. En Europa, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2013, en adelante OEDT) calcula que son al menos 85 millones de europeos adultos los que han consumido una droga ilegal en algún momento de su vida, lo que supone la cuarta parte de la población adulta. La mayoría declaran haber consumido cannabis (77 millones), siendo muy inferiores las cifras correspondientes a las demás drogas: 14.5 millones para la cocaína, 12.7 millones para las anfetaminas y 11.4 millones para el éxtasis. En España, en el Informe Nacional 2012 del Plan Nacional sobre Drogas (2012, en adelante PNSD) al OEDT sobre evolución y tendencias de los consumos, que recogía datos relativos al año 2011, indicaba que las sustancias psicoactivas que presentaban una mayor prevalencia de consumo en población general en todos los indicadores temporales considerados eran el alcohol (76,6%) y el tabaco (40,2%); y entre las sustancias ilegales, el cánnabis era la sustancia con mayor prevalencia de consumo alguna vez en la vida (27,4%), seguida de la cocaína en polvo (8,8%).

Aunque es sabido que el consumo crónico de cualquier sustancia puede causar drogodependencia y diversos trastornos psicopatológicos y conductuales, también son otros los problemas de salud que pueden derivarse del uso de drogas. El UNODC (2012), apunta que entre un 10-13% de los usuarios de drogas siguen siendo consumidores problemáticos con una drogodependencia y/o trastornos relacionados con el consumo de drogas. La prevalencia del VIH es aproximadamente de un 20%, la de hepatitis C un 46,7% y la de hepatitis B un 14,6% entre los usuarios de drogas inyectadas (UDIs). Y aproximadamente una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas. Por su parte, el National Institute on Drug Abuse (2014, en adelante NIDA) establece que cada año las drogas ilícitas, las recetadas y el alcohol provocan la muerte de más de 90.000 estadounidenses, mientras que la estimación para el tabaco es de 480.000 muertes por año (Centers for Disease Control and Prevention, 2014; U.S. Department of Health and Human Services, 2014). Asimismo, el suicidio, las lesiones y los homicidios son variables igualmente asociadas a mortalidad entre los consumidores de drogas, aunque no hay estimaciones fiables a este respecto.

Estos datos dan una visión de las graves repercusiones del consumo continuado de drogas sobre la salud, aunque su consumo ocasional también puede tener consecuencias importantes sobre la salud. Por ejemplo, el consumo de cocaína se ha asociado a problemas cardiovasculares, neurológicos y mentales, y a un elevado riesgo de accidentabilidad. En el caso de las anfetaminas, estas pueden producir arritmias o hipertermia, problemas cardiovasculares, pulmonares, neurológicos y de salud mental, que van desde ansiedad, agresión y depresión hasta psicosis paranoide aguda (OEDT, 2013). También hay que considerar que el consumo de cualquier sustancia puede tener unos efectos que favorecen la emisión de conductas sexuales de riesgo, o conducción temeraria o imprudente de vehículos.

Por otro lado, el consumo de drogas también tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y social de los países, empresas, familias y de la propia persona. Por ejemplo, el consumo de drogas ocasiona en el ámbito laboral una disminución del nivel de competencia y de rendimiento, aumenta el absentismo y favorece la emisión de conductas de riesgo que aumentan la probabilidad de accidentes laborales. De otra parte, el consumo de drogas fomenta conductas antisociales, como puede ser la agresividad o las conductas delictivas, que en ocasiones están asociadas al propio consumo y en especial a la dependencia. Además, si consideramos que las personas dependientes requieren tratamiento, este supone un coste para la administración pública. Sobre la base de las tasas de prevalencia existentes, hay estimaciones (UNODC, 2012) que establecen los costes para cubrir los gastos de tratamiento relacionados con el consumo de drogas ilícitas en el mundo en 2010, aproximadamente entre 200.000 y 250.000 millones de dólares (entre el 0,3% y el 0,4% del PIB mundial). Y esto sólo respecto a las drogas ilícitas, sin considerar los gastos de tratamiento para la adicción al alcohol y al tabaco. Por último, y no por ello menos importante aunque difícilmente cuantificable, el consumo de drogas causa sufrimiento personal y sufrimiento en el entorno familiar, desestructuración y desintegración de los vínculos familiares, incide en los procesos de vulnerabilidad y exclusión social, y favorece el fracaso en las trayectorias de vida de algunas personas.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, ¿podemos considerar que las drogas, en sí mismas, son un problema social y de salud pública a nivel mundial? ¿Podemos afirmar que las drogas, todas, son perjudiciales y no aportan nada positivo a las personas o a la sociedad? Y si es así, surgen dos nuevas cuestiones: ¿Por qué hay tantos millones de personas en Europa y en el mundo que las consumen? Y, ¿por qué se acepta política y jurídicamente la categorización de drogas legales (el alcohol y el tabaco), frente a drogas ilegales (cánnabis, anfetamina, alucinógenos, metanfetamina, cocaína, heroína y otras), permitiendo el acceso y comercialización de las primeras? ¿O acaso procede hablar de los efectos, riesgos y consecuencias de las drogas diferenciando estos aspectos para cada una de ellas?

Responder a todas estas preguntas puede ser (seguro que lo es) una difícil tarea. Opiniones habrá muchas, desde los colectivos pro-legalización, hasta los sectores más reaccionarios al consumo de cualquier sustancia (incluso con fines sanitarios o terapéuticos), pasando por las opiniones legas, así como las aportaciones desde los mass-media en forma de noticias, reportajes bien documentados o simplemente titulares excesivamente llamativos pero sin pedagogía ni consistencia informativa. La cuestión es que las respuestas no pueden, ni deben, fundamentarse en ideologías, “opiniones”, “creencias” u “ocurrencias”. La problemática del consumo de drogas requiere un debate sosegado y bien fundamentado entre la política, encargada de regular el ordenamiento jurídico en relación a estas; y la ciencia, que habrá de aportar las evidencias científicas que orienten la reflexión y el debate, y apoyen en uno u otro sentido las decisiones que hayan de tomarse.

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En definitiva, al hablar del consumo de drogas no debemos adoptar una visión reduccionista, limitada a los efectos psicoactivos de las drogas sobre el organismo, ni en sus consecuencias fisiológicas y de salud más inmediatas y evidentes. El debate debe contemplar nuevas cuestiones que vienen sugeridas desde la comunidad científica y replantear viejas cuestiones abordadas desde la ideología y que ofrecieron respuestas que tal vez no sean las mejores o las más coherentes.

Probablemente sea justo decir que en muchas áreas, la política de drogas se basa en una evidencia a menudo débil para apoyar algunas estrategias, y que donde existe evidencia no siempre es inequívoca (Davoli, Simon y Griffiths, 2010). Sin embargo, en la actualidad hay múltiple evidencia científica que apoya diferentes reformulaciones e intervenciones en relación al abordaje de la problemática del consumo de drogas. También es cierto que para alcanzar el suficiente nivel de evidencia se requiere apuestas decididas en el plano político y de financiación a la investigación, y para ello es preciso superar el debate ideológico, sobre todo cuando la decisión y la financiación están supeditadas a este. Weatherburn (2009) señalaba que “los hechos están separados de los valores morales en busca de la validez universal, y por tanto convincente”; y para Griffiths y Roland (2010) “la buena ciencia se hace mejor sin restricciones, y se lee mejor con ojo crítico”.

En conclusión, para abordar los retos del consumo de drogas habrá que impulsar y aceptar como referente en la toma de decisiones la evidencia científica. Lo demás será ideología, opiniones, creencias y ocurrencias.

 

Víctor J. Villanueva Blasco
Coordinador del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria