En España el cánnabis, sigue siendo la droga ilegal cuyo uso está más extendido entre los jóvenes estudiantes de entre 14 y 18 años de edad. La encuesta ESTUDES 2014 (PNSD, 2016) refleja que la edad media de inicio en el uso de cannabis se sitúa en 14.8 años, siendo la sustancia ilegal con inicio de uso más precoz. Asimismo, los datos reflejan que el 29.1% afirma haber consumido cannabis en alguna ocasión en su vida; el 25.4% en los últimos 12 meses; el 18.6% en los últimos 30 días; y la prevalencia de uso diario en los últimos 30 días es del 2.7%. Realmente preocupante.

Asimismo, hay que considerar que la gran mayoría de los consumidores de cannabis lo mezclan conjuntamente con tabaco. Solo recientemente se ha empezado a percibir y resaltar la importancia del consumo conjunto de ambas sustancias (EVICT, 2016). Es por ello que, esta problemática dual, nos presenta un importante reto futuro. Si bien existe evidencia fuerte sobre las medidas de prohibición de fumar en espacios públicos con resultados muy positivos para la salud (véase Davoli, Simon y Griffiths, 2010), la actual situación lleva a pensar que el consumo de cannabis puede revertir algunos de los logros alcanzados. Por una parte, su consumo se asocia a múltiples problemáticas de salud y de índole social. De igual modo, el consumo conjunto de cannabis y tabaco aumenta la probabilidad de generar adicción a esta última sustancia, dado el elevado potencial adictivo del tabaco. Por lo que si aumenta el número de consumidores de cannabis, este aumento tendrá su correlato en el de consumidores de tabaco.

 

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Frente a esta situación, es importante desarrollar mecanismos de detección precoz del riesgo de dependencia al tabaco y/o cannabis e impulsar estrategias de consejo breve. Tal como apuntan Hall et al. (2008), estas dos actuaciones pueden orientarse hacia los grupos de alto riesgo a través de los servicios de salud mental juvenil, los centros de medidas judiciales para jóvenes, y entre los estudiantes universitarios, ya que se ha observado que se hallan entre la población juvenil con mayores tasas de prevalencia de consumo.

Sin embargo, la eficacia de estas actuaciones queda en cierto modo condicionada a los efectos de múltiples factores que trascienden al ámbito de acción de los profesionales de la prevención y tratamiento. Se precisa de medidas de ámbito comunitario y legislativo que generen una tendencia contraria a la influencia persuasiva, y en ocasiones manipulativa, que ejercen las multinacionales del tabaco y la industria cannábica sobre la ciudadanía, y especialmente sobre los jóvenes. Es preciso legislar de manera coherente y clara, concisa, yendo incluso más allá de las directivas básicas que deben adoptarse dentro del marco europeo y estatal.

Un ejemplo de ello es la iniciativa del Gobierno de Baleares, que plantea incluir diversas medidas restrictivas en la nueva Ley de Adicciones que tiene previsto aprobar en 2018. Entre ellas, destaca la de prohibir fumar en coches donde viajen menores, ya que la ley antitabaco nacional sigue permitiendo que se fume mientras se conduce, aunque haya menores dentro del vehículo. La iniciativa del gobierno balear pretende, a través de esta prohibición, ampliar la norma nacional, basándose en el principio de protección y preservación de la salud de los menores. Una iniciativa institucional frente a la irresponsabilidad familiar, que asimismo debería apoyarse de actuaciones en el ámbito familiar para que la medida disuasoria vaya acompañada de medidas educativas y de sensibilización.

En otras ocasiones, son iniciativas ciudadanas como “Porque Nosotros Sí” (impulsada por las asociaciones Aire Berri y Apta), las que denuncian determinadas prácticas de las industrias tabaqueras que vulneran la Ley del Tabaco, haciendo llegar mensajes publicitarios de promoción del consumo de tabaco a jóvenes y menores de edad.

Frente a estas medidas legislativas e iniciativas populares y profesionales cada persona tendrá su opinión, idea, o creencias. Pero en temas de salud, tanto las intervenciones como la propia legislación, deben fundamentarse en dos principios: evidencia científica y preservación de la salud pública.

Referencias

Davoli, M., Simon, R., Griffiths, P. (2010), Current and future perspectives on harm reduction on the European Union. In European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Harm reduction: evidence, impacts and challenges, Rhodes, T. and Hedrich, D. (eds), Scientific Monograph Series No. 10, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

ÉVICT (Grupo de trabajo para el estudio y abordaje de políticas de control del policonsumo de cannabis y tabaco en España) (2016). Informe ÉVICT 2. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Recuperado de http://www.evictproject.org/Informe_EVICT_2.pdf

Hall, W. D., Degenhardt, L. and Patton, G. C. (2008). Cannabis abuse and dependence. En Essau, C. A. (ed.), Adolescent addiction: epidemiology, treatment and assessment, Academic Press, London, 117–48.

Plan Nacional Sobre Drogas, PNSD (2016b) Encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES) 2014/2015. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio del Interior. Recuperado de http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_Informe_ESTUDES.pdf

 

Víctor J. Villanueva Blasco

Director del Máster en Prevención de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas. Universidad Internacional de Valencia – VIU