No corren buenos tiempos para el periodismo. De acuerdo con los datos ofrecidos por el informe anual de la ONG Reporteros Sin Fronteras[1] (RSF), el año 2017 acabó con 54 periodistas asesinados y 179 encarcelados. Si bien desde el año 2012, el número de personas asesinadas decrece, continúa siendo una cifra alarmante que muestra lo arriesgado de ejercer esta profesión. En lo que llevamos de 2018, contamos 12 periodistas asesinados y 178 encarcelados[2].

Entendiendo la libertad de prensa como uno de los pilares sobre los que se asienta la libertad de expresión, su protección deviene fundamental en cualquier Estado democrático de Derecho. Ya en el año 1976, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al definir el alcance de la libertad de expresión, decidió que esta no solo protege la información o las ideas que son recibidas favorablemente, que se tienen como inofensivas, o que versan sobre una materia que es indiferente para la sociedad, sino que también protege aquellas ideas u opiniones que “ofenden, causan shock o turban al Estado o a cualquier sector de la población”[3].

El papel fundamental

El periodismo tiene un papel fundamental en la transmisión de información sobre temas de actualidad que preocupan a la sociedad. La ciudadanía acude a los medios de comunicación para obtener los datos necesarios que les ayuden a tomar una posición o a conformar una opinión sobre temas esenciales que se discuten en el foro público, no en pocas ocasiones incómodos para el Estado o sus representantes. Asuntos que en un número muy importante de ocasiones son debates que tienen como base la protección de derechos humanos, y que por lo tanto, por su importancia, son capitales en la consolidación de cualquier sistema democrático.

Para el desarrollo de esta difícil tarea, el colectivo de profesionales de la prensa tiene que gozar de una serie de derechos que les garanticen poder realizar esta tarea de forma libre y responsable, como por ejemplo la ausencia de regulaciones que establezcan algún tipo de censura previa o la investigación y la sanción de los crímenes cometidos contra este colectivo[4], entre otros. Reconociendo esta importancia, el 3 de mayo fue declarado el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el año 1993, por la Asamblea General de Naciones Unidas, jornada útil para evaluar e identificar las violaciones que el colectivo de periodistas sufre en el desempeño de su actividad, y para señalar la obligación de los gobiernos de los Estados democráticos de garantizar su compromiso con la libertad de prensa y de los periodistas con la ética profesional.

Periodismo en Espala

Ocupamos el puesto 31 en la recién publicada clasificación realizada por RSF en el 2018[5], empeorando dos posiciones respecto del 2017. El problema que sitúa a nuestro Estado en una posición tan alejada de los primeros puestos es, entre otros, la legislación restrictiva[6] con la que cuenta nuestro ordenamiento jurídico. Concretamente la Ley de Seguridad Ciudadana, y el impacto que está teniendo sobre el colectivo de periodistas desde su entrada en vigor en el año 2015. Ya en el informe del International Press Institute del año 2015[7], en el que varios de sus integrantes visitaron nuestro país por la preocupación creciente respecto de la actuación del gobierno español y de sus representantes políticos en materia de garantía del derecho de libertad de prensa, se pedía específicamente la revocación de esta ley, por el impacto negativo que tiene en el ejercicio de la profesión, y que a día de hoy continúa en vigor.

Esta situación, junto con otras realidades actuales que afectan a la libertad de prensa, como la difusión de noticias falsas[8], son los desafíos a los que se debe enfrentar la sociedad en su conjunto, y el colectivo periodístico de forma particular, con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información honesta, rigurosa y veraz.

 

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[1] https://www.informeanualrsf.es

[2] Datos consultados a fecha de redacción de este blog. Ver: https://www.rsf-es.org

[3] Ver por todas: STEDH de 7 de diciembre de 1976, para. 49 (asunto Handyside contra Reino Unido); STEDH de 26 de abril de 1979, para. 65 (asunto Sunday Times contra Reino Unido).

[4] Baste recordar aquí el asesinato en octubre de 2017 de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que investigaba posibles tramas corruptas en el gobierno de Malta, y que ha llevado a la asociación de diversos medios de comunicación internacionales por la falta de acción del gobierno de este Estado en la investigación de los hechos, llegando el asunto hasta el Europarlamento. Ver: Muere al estallar su coche una periodista que investigaba la corrupción del Gobierno maltés (17, octubre, 2017), El País. Recuperado de:  https://elpais.com/internacional/2017/10/16/actualidad/1508171781_570535.html ; Bessel, B. Corrupción en Malta: ¿qué hace al respecto la UE? (18, abril, 2018), Deutsche Weller. Recuperado de: http://p.dw.com/p/2wQGK;
EU politicians demand broader inquiry into Daphne Caruana Galizia murder. The Guardian. Recuperado de: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/18/daphne-caruana-galizia-murder-eu-politicians-demand-broader-inquiry-malta-police-chief

[5] https://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/

[6] Ver: https://rsf.org/es/espana

[7] International Press Institute. Spain: Press Freedom in a Time of Change. Report on the June 2015 High-Level International Press Freedom Mission to Spain (Viena, Interntional Press Institute: 2015). Acceso el 22 de abril de 2018: https://ipi.media/wp-content/uploads/2015/11/Spain-Press-Freedom-Time-o…

[8] Ver: ¿Cómo se propagan las noticias falsas? (20, marzo ,2018), Deutsche Weller. Recuperado de: http://p.dw.com/p/2ufBE

Author

Andrés Gascón Cuenca

Profesor del Grado en Derecho