Presiona "Enter" para comenzar tu búsqueda

La Constitución mexicana ante su centenario

  • Por Ignacio Durbán Martín
  • 23 mayo 2017

La Constitución mexicana de 1917 es una de las más longevas del mundo. Sólo Estados Unidos tiene una Constitución republicana más antigua. Piénsese que la mayoría de los textos constitucionales en vigor son posteriores a la II Guerra Mundial y un buen número de ellos fue promulgado después de la caída del Muro de Berlín. En América Latina, a excepción de Costa Rica, Panamá y Uruguay, todos los países cuentan con una carta magna aprobada después de 1978. El centenario de la Constitución mexicana se presenta como una oportunidad para reflexionar tanto sobre su longevidad excepcional como sobre los dilemas que plantea en la actualidad.

El documento que se aprobó en Querétaro hace ahora un siglo fue, como a menudo se ha puesto de relieve, pionero y vanguardista pues, al margen de la notable influencia que recibió de distintas fuentes históricas, tanto extranjeras como nacionales, fue el primero (anterior incluso a la Constitución de Weimar de 1919) en situar los grandes ejes de lo que sería el constitucionalismo social de entreguerras.

No obstante, la actual Constitución casi no se asemeja al documento original sancionado en febrero de 1917. Las continuas reformas a las que ha sido sometido han dado como resultado una norma completamente modificada en casi todas sus disposiciones, pues tan sólo 22 de sus 136 artículos han permanecido intactos. El resultado de esta vorágine reformista ha supuesto que la Constitución mexicana se haya modificado hasta un total de 695 veces. El dato, ya de por sí llamativo, se torna sorprendente si se tiene en cuenta que la mayor parte de estos cambios se han producido con posterioridad a 1982 y que fue el presidente Felipe Calderón quien realizó el mayor número de reformas durante su sexenio presidencial: hasta 110 entre 2006 y 2012.

Debe tenerse en cuenta que los cambios acometidos en las últimas décadas han perseguido, en su mayoría, el objetivo de moderar y reequilibrar el sistema presidencial de gobierno fuertemente consolidado desde los años treinta del siglo pasado, así como el de introducir las principales instituciones del constitucionalismo contemporáneo.

Ahora bien, esta continua actualización del texto constitucional ha traído consigo algunos efectos que a menudo se han identificado como perniciosos. En primer lugar, el afán reformista ha redundado en un incremento desmedido del volumen de la carta magna: el texto actual es más del doble de extenso que el original de 1917. Aunque conviene aclarar que, en perspectiva comparada, no se trata de una Constitución excesivamente larga (es comparable, por ejemplo, a otras constituciones latinoamericanas como la brasileña de 1988, la colombiana de 1991, la venezolana de 1999, la ecuatoriana de 2008 o la boliviana de 2009). En segundo lugar, se ha observado que las constantes reformas operadas en su articulado han hecho de la vigente Constitución un documento de muy difícil manejo, hasta el punto de que resulta, a juicio de la mayoría de especialistas, ineficaz para resolver las necesidades de la actual sociedad mexicana que, abrumadoramente, reconoce ignorar sus disposiciones.

Ante este escenario, el dilema que se plantea es si debería acometerse una ambiciosa reforma con el propósito de reordenar, clarificar y depurar el denso contenido de la Constitución o si, en cambio, sería preferible elaborar un texto nuevo a través de la activación de un proceso constituyente. Pues bien, aunque ambos planteamientos se presentan como hipótesis viables, lo cierto es que un 38,4% de la población afirmó en una encuesta realizada en otoño de 2016[1] que debería convocarse una asamblea constituyente y otro 12,4% respondió que “sí, en parte”; lo cual quiere decir que más de la mitad de los encuestados se mostró proclive a la elaboración de una nueva Constitución. Se trata, sin duda, de unos resultados demoscópicos de extraordinario interés y relevancia que, pese a no haber tenido por el momento una gran trascendencia, abren múltiples interrogantes e invitan a reflexionar, en el centenario de su promulgación, sobre el futuro de la Constitución mexicana de 1917.

“100 años de historia constitucional” (programa especial realizado por el Canal del Congreso, medio de comunicación público, cuyo objetivo es reseñar y difundir la actividad del poder legislativo mexicano):

Ignacio Durbán Martín

Profesor Colaborador del Grado en Derecho en la Universidad Internacional de Valencia VIU

 

[1]Véanse los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas.