Según los últimos datos publicados por Instituciones Penitenciarias, casi un 60% del total de los  penados[1]  están en prisión por delitos contra el orden socioeconómico y salud pública. Tales hechos ilícitos se hayan relacionados con la droga, en la medida que su comisión se produce bajo la influencia de estas sustancias, con el objeto de conseguir recursos para su obtención, o bien infringiendo legislación específica en la materia.

En cuanto a la incidencia de estas sustancias en el medio carcelario, el cannabis, además de ser la droga más consumida en prisión (21%),  es la de mayor recurrencia en los 30 días previos al ingreso (40%), seguida de la cocaína (27%) y la heroína (14%), existiendo una relación análoga con respecto al medio libre, donde también el cannabis (17,1%) y la cocaína (3%) se posicionan en los dos primeros puestos[2].

Llegados a este punto, resultaría lógico preguntarnos si las cárceles de nuestro país contribuyen de forma significativa a una extensión del consumo de drogas.  

Haciéndonos eco de los informes de la Red Europea de Servicios de Drogas en Prisión (ENDSP), podemos despejar la incógnita planteada, concluyendo que el 46,5% de los reclusos son drogodependientes  antes de ser encarcelados, iniciando tan solo un pequeño porcentaje el consumo una vez en prisión donde, en todo caso, el impacto adquiere menor proporción y frecuencia que en el contexto libre.

Para abordar este fenómeno, resultaría necesario aplicar el conocimiento emanado de una ciencia dinámica, holística  y en permanente contacto con la realidad como es la Criminología para que, con base en la prevención y la predicción, se aspire a un cumplimiento eficiente del mandato constitucional de la reeducación y reinserción del penado. 

Mediante el criterio de individualización científica promulgado en el artículo 72.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y haciendo uso del tratamiento como principal herramienta para la consecución de los fines planteados, el saber criminológico debe profundizar sobre el origen y las diferentes variables que interactúan en el mundo de las drogas en prisión.

De esta forma, cabe plantearse si la adicción a estas sustancias es el problema en sí o más bien una consecuencia que, en determinados casos, pudiera maquillar verdaderas situaciones problemáticas enquistadas en la personalidad del interno, aspecto a tener en cuenta desde un punto de vista criminológico en cuanto a una aplicación individualizada de los diferentes tratamientos[3].

Teniendo en cuenta que el perfil del recluso tipo es el de un varón, español, entre 35 y 40 años de edad, cumpliendo una pena de 3 a 8 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas o robos, podemos deducir que la mayoría de los ingresos no responden a condenas establecidas por una vulneración de preceptos legales considerados especialmente graves, donde se haya atentado contra la vida, la integridad física o la libertad sexual.

Desde el paradigma criminológico, proponemos en este sentido el impulso de medidas alternativas a la penas privativas de libertad, relegando la prisión a los delitos más graves, de forma que se apueste por el tratamiento y se priorice la resocialización del interno.

Apostamos, igualmente, por el uso de la mediación como mecanismo válido de reparación del daño a la víctima. Dicha práctica mediadora constituiría un fin en sí misma, erigiéndose como una herramienta  capaz de dotar a estos presos de las habilidades necesarias para afrontar los estímulos de forma no violenta, apropiándose de su propio conflicto, incrementando su capacidad empática, elementos todos necesarios para fundamentar una sólida prevención en lo que a determinadas adicciones se refiere.

 

[1] De los 59.494 internos que componen la población reclusa actual, se han tenido en cuenta en estos datos los 49.466 internos penados a tenor del actual Código Penal quedando fuera, por lo tanto, la población carcelaria preventiva, cuya cifra asciende a un total de 8.674, así como los 195 penados por el Código Penal Derogado (datos de abril del 2018).

[2] Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. Informe sobre España. 2017

[3] Programas de prevención y educación para la salud, intercambio de jeringuillas, tratamiento con metadona, deshabituación e incorporación social.

Author

Sergio Murcia Orenes

Profesor del Máster Universitario en Criminología: Delincuencia y Victimología