La Comunidad Internacional asiste a una deslocalización de los procesos productivos sin precedentes que se traduce en una pérdida de los derechos sociales y medioambientales en todo el planeta. En este escenario es necesario la adopción de medidas en el ámbito internacional y comunitario que corrijan los abusos de los derechos humanos por las multinacionales y los mercados.

Se trata de un problema estructural. Los salarios míni­mos legales no permiten a las trabajadoras y los trabaja­dores cubrir sus necesidades y la industria y las grandes empresas presionan a los gobiernos de los países pro­ductores para que estos mínimos bajen o desaparezcan. Los gobiernos y el sector empresarial de los países produc­tores tienen una parte de la responsabilidad, pero son las grandes empresas transnacionales las que explotan estas condiciones pese a sus declaraciones de buenas intenciones, sus códigos de conducta y su responsabili­dad social corporativa.